A través de una ficha informativa, la FGR, destacó que Garduño Yáñez y Vidal Islas, incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada que resguardaba la estación migratoria.
El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado, por lo que la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro del propio instituto y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada implicada en el incendio en Cd. Juárez.
Sobre los antecedentes de tragedias como la de Ciudad Juárez, se encontró que el 31 de marzo de 2020, en un centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, murió una persona y 14 resultaron lesionadas.
Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez y el titular de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, Antonio Andrés Vidal Islas.
Además de que se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada, identificada como Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
En la investigación se descubrió que la empresa de seguridad omitió el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión. Además la empresa no registró en el IMSS a la mayoría de sus trabajadores, lo cual intentó hacer días después del incendio que ha dejado 40 muertos.
Con información dê Excélsior
