Tras el relevo de la administración del priista Omar Fayad el pasado 5 de septiembre, el nuevo Gobierno de Hidalgo indicó semanas después que había detectado una posible red de corrupción que habría desviado 522 millones de pesos, una trama llamada la “Estafa Siniestra” en la cual habrían participado al menos 13 municipios y dos secretarías locales.
Los municipios involucrados habrían hecho uso de empresas fachada para obtener contratos de los gobiernos locales, una práctica que fue detectada después de que existiera un pleito interno con oficios entre el tesorero y el Presidente Municipal de Huautla, Felipe Juárez Ramírez, quien estaba solicitando fondos extraordinarios, dijo la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo a SinEmbargo.
“Nosotros comenzamos a hacer la investigación considerando que era un caso aislado y nos llamó la atención un hecho donde solicitan el recurso extraordinario prácticamente a inicios de año”, detalló la dependencia al responder por escrito a un cuestionario.
Luego de identificar tres casos similares, se abrió una investigación. “Ante esta situación investigamos el tema a profundidad, las distintas áreas de fiscalización del Gobierno, esto es Auditoría Superior del Estado y Secretaría de Contraloría”.
Los contratos que se dieron con el uso de recursos extraordinarios se destinaron principalmente a gastos para combatir la COVID-19, pavimentar caminos, adquirir sistemas informáticos y para plantas de tratamiento de agua, sin que en realidad hubiera una adquisición.
La Contraloría puntualizó que aún no se determina cuántos funcionarios municipales participaron en la trama, puesto que se vieron involucrados servidores públicos de las áreas de Comités de Obras, Comités de Adquisiciones, dentro de ellos el presidente Municipal, Tesorero, Asamblea, Contador, Contralor, Director de Obras, entre otros.
“En este momento dos [municipios de 13 investigados] han devuelto parte del dinero por una cantidad de más de 80 millones de pesos, cinco tienen investigaciones en la Procuraduría y en un par de semanas más tendremos el resultado completo”, indicó.
En entrevista con medios de comunicación locales, el actual titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo expuso que, además de estas irregularidades en el ejercicio del presupuesto público, aproximadamente el 50 por ciento de los encargados de los Órganos Internos de Control no tenían el perfil profesional necesario para desempeñar el puesto, e incluso algunos de ellos no tenían estudios superiores de licenciatura.
Por este motivo, se abrió una carpeta de investigación en contra del excontralor César Román Mora Velázquez.
Ya desde el 2020, la Auditoría Superior del Estado había advertido al Poder Ejecutivo del Gobierno de Hidalgo que en al menos tres dependencias no contaba con controles para la prevención, identificación y mitigación de posibles actos de corrupción y malas prácticas.
MUNICIPIOS INVOLUCRADOS
Los siguientes municipios fueron algunos de los que ya han sido identificados por las autoridades como probables responsables del desvío millonario, junto con el monto de recursos extraordinarios otorgados entre marzo y septiembre de 2022:
-Epazoyucan, bajo la administración del priista Fidel Arce Santander: 14 millones 215 mil 780 pesos
-Tlahuelilpan, con el Alcalde José Alfredo Díaz Moreno: 39 millones 380 mil 890 pesos
-Pisaflores, gobernado por el priista Luis Francisco González Garay: 30 millones 960 mil 890 pesos
-Yahualica, Alcalde priista Elías Sanjuán Sánchez: 29 millones 225 mil pesos
-Atotonilco el Grande, Presidente Municipal Héctor Hugo Ramírez López: 19 millones 920 mil 400 pesos
-Huazalingo, a cargo de Julio César Gonzalez Garcia: 18 millones 500 mil pesos
-Acaxochitlán, con el Presidente Municipal Erik Carbajal Romo: 32 millones 900 mil pesos
-Mineral del Monte, bajo la administración de Alejandro Sierra Tello: 17 millones 500 mil pesos
-Zacualtipán de Ángeles, gobernado por Edgar Josué Moreno Gayosso: 14 millones de pesos
-Huautla, a cargo de Felipe Juárez Ramírez: 26 millones 615 mil 780 pesos
Arce Santander, Presidente Municipal de Epazoyucan, dijo a medios de comunicación locales que los señalamientos eran parte de una campaña de desprestigio en su contra, pero se encontraba “tranquilo” y aseguró que había entregado toda la documentación que se le había sido requerida a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
En entrevista para medios de comunicación aseveró que es toda la documentación que le ha sido requerida entregado a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría de Hidalgo.
A inicios de octubre de este año, habitantes y autoridades de la comunidad de Otecoch, en el municipio de Huazalingo, se quejaron contra el Edil Julio César González García por no cumplir con el inicio en el 2022 de la segunda etapa del drenaje sanitario que había quedado inconcluso, según el diario El Sol de Hidalgo.
También estuvo involucrada la localidad de Nopala de Villagrán, a cargo del morenista Luis Enrique Cadena García, con un recurso extraordinario otorgado por 71 millones 960 mil 890 pesos. El Edil se ausentó después del anuncio de la investigación de la “Estafa Siniestra”, lo cual justificó en un video publicado en redes sociales como un momento de descanso “por asuntos personales y de salud”.
“El día 27 de septiembre, que llegó la Contraloría del estado para aperturar sus trabajos en el municipio, yo mismo les mencioné que tenía programada una salida por estos temas, a partir del día 30 de septiembre, para lo cual les pregunté si era necesario que yo estuviera aquí en el municipio, a lo cual me respondieron que solamente con el enlace que yo había generado y con las facilidades que se brindaran en el municipio era más que suficiente”, expuso en la grabación. “Mi ausencia jamás se motivó a entorpecer las labores de las instituciones. (…) Personas maliciosas difundieron el rumor de que me había fugado; siempre que me sea requerido estaré disponible”.
Dos últimos municipios involucrados —Singuilucan, con Marcos Miguel Taboada Vargas al mando; y Tepeji del Río, a cargo del priista Salvador Jiménez Calzadilla—, habrían parcialmente resarcido el daño al entregar 26 de 109 millones 645 mil 325 pesos, y 58 de 98 millones de pesos desviados, respectivamente.
Este último también se nombró “tranquilo” de frente a la situación, pues negó participación alguna en el caso de corrupción, y aseguró que hará frente a las acusaciones “con la cara en alto y sin temor”.
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